Hace ya casi muchos años que desde APPA (Asociación de profesionales de la producción audiovisual), asociación de la que soy vicepresidenta, junto a la Spain Film Commission, llevábamos pidiendo a la Administración que en España se implantaran unos incentivos fiscales para atraer rodajes internacionales similares a los que ya había en otros países de nuestro entorno.
España es un plató natural con grandísima variedad de escenarios, que cuenta con unos profesionales de primer nivel y empresas auxiliares que no tienen nada que envidiar a los de otros países de gran tradición cinematográfica. Esto, desde todos los puntos de vista, es incuestionable para aquellos productores extranjeros que quieren venir a nuestro país a rodar sus películas, aunque nunca ha sido suficiente. En otros países que cuentan con los mismos valores mencionados, además, les ofrecen unos incentivos económicos muy atractivos que les compensa su inversión. Asimismo, podemos demostrar que los beneficios para nuestro país serían realmente importantes y no solo desde el punto de vista de negocio, de activación de la economía local, el turismo y la imagen exterior del país (Marca España), sino también en la formación especializada de nuestros profesionales y el desarrollo de una industria ya de por sí muy precaria.
Así que por fin, este año en la nueva reforma fiscal se introducen este Incentivo Fiscal a la Ejecución de rodajes Internacionales en España, algo que en un principio podríamos considerar un logro plausible y que iba a conseguir que las productoras extranjeras vinieran como locas a rodar aquí. ¡Ay amigos, qué equivocados estábamos!
Ayer en la II Conferencia de los Rodajes en España, organizada por la Spain film Commission, en nada más y nada menos que en el salón de actos del Ministerio de Hacienda, los responsables de la Agencia Tributaria nos explicaron realmente como iban a funcionar estos incentivos. Después de sus ponencias el público que pidió la palabra, dejó patente la ineficacia del funcionamiento del incentivo para los objetivos para los que se creó, sobre todo en dos aspectos que fueron los más criticados, la forma de monetizar el incentivo y la poca comunicación con el Instituto de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (ICAA).
En cuanto al primer aspecto, la forma de monetizar el incentivo, quedó demostrado que al ser devuelto en el Impuesto de Sociedades a la productora del service, puede llegar a tardar el ingreso un año desde la finalización del rodaje por los tiempos legales. Además de que no existe un mecanismo establecido y reglado para poder recibir algo de efectivo antes o para pedir un crédito.
El otro aspecto, es algo conocido y constante, es la poca comunicación entre las dos administraciones implicadas en la materia, el ICAA, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, organismo responsable de la política cinematográfica en España, y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Da la impresión que van por vías diferentes y parece que la Agencia Tributaria para estos incentivos impondrían sus propios criterios a la hora de determinar los gastos susceptibles de ser considerados para el cálculo del incentivo, algo que crearía gran inseguridad a la hora de calcular su base y elaborar el plan de financiación de la película.
Conclusión: que vuelve a parecer una estrategia de maquillaje teórico de la administración, que en la realidad sigue dificultando mucho a las productoras de services españolas convencer a las producciones internacionales que vengan a rodar aquí y ser competitivos, mientras en otros países cercanos ofrecen mayores facilidades de retorno económico.
Al final los que nos iremos a rodar fuera seremos nosotros. ¡Salud!.
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